17 DE NOVIEMBRE A LAS 16H. JORNADA VIRTUAL
Cambios normativos para la transformación digital. El reglamento de los Requisitos de los Sistemas Informáticos de facturación electrónica
La Ley Antifraude y el reglamento VeriFactu tienen por objetivo la reducción del fraude fiscal y establecen requisitos técnicos que deben cumplir los Sistemas Informáticos de Facturación (SIF).
El 1 de enero de 2026 para personas jurídicas sujetas al impuesto de sociedades y el 1 de julio de 2026 para personas físicas sujetas al IRPF que desarrollen actividades económicas.
Las empresas y profesionales que facturen a través de un SIF tendrán la obligación de utilizar software que cumpla los siguientes requisitos definidos por el reglamento VeriFactu:
La nueva normativa solo afecta a aquellas empresas que facturen con un SIF.
La ley considera sistema de facturación a todos los programas que cumplan tres requisitos:
a) Admitir la entrada de información de facturación por cualquier método.
b) Conservar la información de facturación, ya sea mediante su almacenamiento en el mismo sistema informático de facturación o mediante su salida al exterior de este en un soporte físico de cualquier tipo y naturaleza, o bien a través del envío telemático a otro sistema informático, sea o no de facturación.
c) Procesar la información de facturación mediante cualquier procedimiento para producir otros resultados derivados, con independencia de dónde se realice este proceso, que puede llevarse a cabo en el propio sistema informático de facturación o en otro sistema informático, previa remisión de la información a este último por cualquier vía directa o indirecta.
La Dirección General de Tributos hace la siguiente aclaración:
“Por tanto, en relación con los distintos medios de expedición de facturas debe indicarse que en el caso de que el emisor de la factura no utilizara ningún sistema informático de facturación para la expedición de sus facturas y dicha expedición se hiciera de manera manual, no estaría obligada por las disposiciones indicadas en el Reglamento aprobado por el Real Decreto 1007/2023, como sucede en el caso de las facturas manuscritas sobre papel en blanco o preimpreso, o escritas con máquina de escribir.
Por el contrario, si el emisor de la factura utiliza hojas de cálculo o procesadores no se puede concluir que no resulte obligada por el Reglamento aprobado por Real Decreto 1007/2023 puesto que dichas hojas de cálculo pueden tener utilidades de procesamiento de datos y conservación que puede implicar su consideración como Sistemas Informáticos de Facturación conforme a lo dispuesto en el artículo 1.2 del citado Reglamento aprobado por Real Decreto 1007/2023.”
La normativa solo afecta a las empresas que facturan con un sistema de facturación; por lo tanto, si se factura de forma manual no hay ninguna afectación.
Es un sistema informático de facturación verificable a través del cual las facturas emitidas se pueden remitir de forma inmediata a la Agencia Tributaria cumpliendo todas las obligaciones que prevé el reglamento.
Con la nueva normativa todos los sistemas informáticos de facturación deben ser VeriFactu, es decir, tener la posibilidad de conectarse con la Agencia Tributaria.
El propio reglamento VeriFactu establece la posibilidad de optar por el modelo VeriFactu SÍ (remisión automática de las facturas a Hacienda) o VeriFactu NO (en este caso la empresa conserva los registros en formato VeriFactu y los remitirá a Hacienda cuando sea necesario o cuando se lo pidan).
Sí, por los siguientes motivos:
Si el SIF que ha expedido la factura está funcionando en modalidad VeriFactu, incorporará una señal de VERI*FACTU; en caso contrario, deberá incorporar la mención «Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT».
A las siguientes figuras jurídicas, siempre que facturen a través de un SIF:
Las empresas o profesionales autónomos en régimen de módulos, recargo de equivalencia y régimen especial agrario, que por su tipo de actividad emitan facturas, y lo hagan a través de un sistema informático de facturación, deberán cumplir con la nueva normativa y utilizar un software que cumpla con todos los requerimientos.
La normativa no recae ni modifica las operaciones por las cuales deben emitir factura, solo regula los requisitos que debe cumplir el sistema informático de facturación, en caso de que lo utilicen.
Por lo tanto, las empresas y profesionales autónomos que estén exentos de facturar por sus regímenes especiales lo seguirán estando.
Cuando tengan la obligación de facturar por algún motivo, y lo hagan a través de un SIF, deberán asegurarse de que cumplan con el reglamento VeriFactu.
Las figuras jurídicas que no estén obligadas a emitir facturas no tienen ningún tipo de afectación.
Todas las facturas emitidas con un SIF, ya sean completas o simplificadas, deben incorporar un código QR que permita al receptor remitir ciertos datos de la factura a la Agencia Tributaria para su posible validación.
Este código llevará a la web de la Agencia Tributaria, donde se indicarán los datos básicos de la factura (NIF emisor, número de factura, fecha, importe) y si esta se ha entrado en la AEAT.
En el caso de que el emisor no tenga la modalidad VeriFactu activada, aparecerá un mensaje informando de que no se ha podido verificar.
Un tique de caja es una factura simplificada y tiene la misma consideración jurídica que una factura. Por lo tanto, la nueva normativa se aplica de la misma manera a los tiques de caja que a las facturas completas.
Todas aquellas empresas y profesionales autónomos que emitan facturas simplificadas (tiques de caja) a través de un sistema informático de facturación, están obligados a disponer de un software que cumpla con los requerimientos de la nueva normativa y sea VeriFactu (es decir, que tenga la posibilidad de conectarse con la AEAT).
La sanción por la tenencia de sistemas informáticos que no se ajusten a la normativa o por la alteración o modificación de los dispositivos certificados es de 50.000 € por cada ejercicio.
La Ley Antifraude entrará en vigor el 01/01/2026 (el 01/01 para empresas y profesionales autónomos sujetos al impuesto de sociedades, y el 01/07 para empresarios y profesionales autónomos sujetos al IRPF), y regula los sistemas informáticos de facturación, imponiendo unos requisitos técnicos para reducir y evitar el fraude fiscal. Es de obligado cumplimiento para todas aquellas empresas que facturen a través de un SIF, que deberán garantizar que su sistema informático de facturación cumple con la normativa.
La Ley Crea y Crece no tiene fecha de entrada en vigor y regula el formato de las facturas para que se puedan leer automáticamente a través de software especializado. Esta normativa obligará a todas las empresas y profesionales autónomos a facturar digitalmente a través del formato establecido. El objetivo de la Ley Crea y Crece es impulsar la digitalización de las empresas y reducir la morosidad (controlando los plazos de pago una vez las facturas estén emitidas).
A efectos prácticos, la Ley Antifraude, que entra en vigor el 2026, afecta directamente a las personas físicas y jurídicas que facturan a través de un SIF, que debe estar adaptado a los nuevos
requerimientos (las empresas que facturan manualmente no están afectadas). En cambio, la Ley Crea y Crece, sin fecha de entrada en vigor, afecta a todas las empresas que emiten facturas a otras empresas, ya que obligará a emitirlas digitalmente (las facturas simplificadas quedan exentas).
